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Acuerdo anticorrupción en puertos bonaerenses



El jueves 11 de abril se firmó un convenio entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los presidentes de los consorcios portuarios bonaerenses con el objetivo de combatir la corrupción y promover acciones tendientes a la consolidación y fortalecimiento institucional.

El acuerdo tiene fines preventivos como parte de una política institucionalizada de combatir la corrupción, no como respuesta correctiva a prácticas irregulares detectadas.

El acto se realizó en las oficinas del Ministerio de Producción bonaerense, en La Plata, y contó con la presencia del ministro de Producción, Javier Tizado y el Director Ejecutivo de la Oficina de Fortalecimiento Institucional, Luis María Ferella. Tizado expresó “Lo que buscamos con esta medida es lograr que en los consorcios se impulsen procedimientos internos para promover la probidad y, de esta forma, impedir posibles prácticas reprochables en las operaciones de los mismos. Sostenemos el compromiso de integridad en la función pública mediante un acuerdo que es histórico”.

La medida fue rubricada por Miguel Donadío (Puerto Bahía Blanca), Alejandro Semmartin (Puerto Dock Sud), José María Dodds (Puerto La Plata), Martín Merlini (Puerto Mar del Plata), Arturo Rojas (Puerto Quequén), y Marcos Eliseo Almada (Puerto San Pedro), junto con el director ejecutivo de la Oficina de Fortalecimiento Institucional, Luis María Ferella. Aquellos consorcios que se encuentran en proceso suscribirán el convenio una vez que cuenten con su presidente y Directorio designado.

El Dr. Miguel Donadío junto a sus pares de los consorcios bonaerenses, asumen el compromiso de transparencia presentando declaraciones juradas, llevando un registro de socios comerciales y proveedores, fomentando a los empleados a reportar situaciones contrarias a la ética pública o de hechos de corrupción y habilitando mecanismos de denuncias pertinentes.

Para Donadío esto se enmarca dentro de la agenda nacional y provincial en relación a las políticas de control y transparencia en las empresas y organismos públicos. En el ámbito local simplemente debemos readecuar el reglamento existente para ajustarlo en el sentido de cuáles pueden ser las incompatibilidades, por ejemplo, de los directores, de los empleados, de los asesores del Consorcio en relación con contrataciones del miamo para que una vez finalizada la actuación durante el primer año no puedan tampoco tener ninguna injerencia contractual con el Puerto, un sinnúmero de cuestiones que tienen que ver con lograr la trasparencia en la gestión pública”.

Además, se deberá designar a un Oficial de Cumplimiento Estatal (OCE), que tendrá acceso irrestricto a toda la información que requiera”. El oficial será enlace del directorio del consorcio con la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI). Por último, la OFI prestará la asistencia técnica requerida para la elaboración de una evaluación de riesgo y diagnóstico a fin de determinar aquellas debilidades operacionales o procedimentales que favorecen la existencia y reproducción de prácticas ineficientes o contrarias a la ética pública.